Intervención como “amicus curiae” ante los Tribunales de Argentina en pleitos de patentes.

octubre 2020

El Tribunal Federal de Argentina ha confirmado recientemente que un tercer interesado no tiene derecho a intervenir como tercero ante un Tribunal para reforzar la posición de la oficina de patentes («INPI»).

En Actelion Pharmaceuticals v. el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), una asociación argentina de laboratorios presentó un escrito, como tercero interesado, ante la Corte, tratando de ayudar o reforzar la posición del INPI de rechazar la patente.

La Corte recordó que la ley argentina autoriza a terceros a participar a nivel administrativo, pero no ante la Corte. En consecuencia, el juez rechazó la petición de la asociación de laboratorios y les ordenó pagar las costas de este proceso. Lo curioso es que incluso el INPI rechazó, en este caso, el derecho del tercero a participar en el proceso.

No es la primera vez que un tercero lo intenta, pero los Tribunales argentinos ya mencionaron en 2015 que esto no es posible.

Para su referencia, proporcionamos a continuación una traducción de esta resolución.

Causa n° 7.083/2019/1/CA1 Incidente de apelación en autos “Actelion Pharmaceuticals LTC c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”. Juzgado 1, Secretaría 2.-

Buenos Aires, 29 de mayo de 2020.

Habilítese la feria judicial extraordinaria a fin del dictado de la resolución pendiente y su ulterior notificación (conf. punto IV.3. del anexo I de la acordada 14/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Habida cuenta que mediante el decreto presidencial n° 295/20 (B.O. del 19/3/20) fue aceptada -a partir del 18 de marzo del corriente- la renuncia de la doctora Graciela Medina al cargo de vocal de esta Sala III, deviene inoficioso expedirse sobre su excusación de fs. 836 (ver fs. 844 y 845).

AUTOS; Y VISTO: el recurso de apelación de fs. 790, concedido a fs. 791 y fundado a fs. 801/817 vta., contra la resolución obrante a fs. 785/786, contestado a fs. 819/831 vta., y

CONSIDERANDO:

I. Previo a analizar los agravios de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentina (CILFA), es conveniente precisar el contexto en que fueron planteados:

El 11 de septiembre de 2006 Actelion Pharmaceuticals LTD (en adelante, Actelion) solicitó bajo el Acta n° P 06 01 03943 la patente de una “Composición farmacéutica estable que contiene una pirimidina-sulfamida”.

La Administración Nacional de Patentes (ANP) denegó el pedido de patentamiento mediante la Disposición PN 057123 del 12 de diciembre de 2017. Por su parte, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) rechazó, mediante la Resolución 2019-54-APN-INPI#MPYT del 8 de febrero de 2019, el recurso de reconsideración interpuesto Actelion contra aquella denegatoria (confr. fs. 221 vta., punto IV).

Frente a ello, Actelion promovió demanda contra el INPI con el objeto de que se dejaran sin efecto los actos administrativos referidos y se lo condenara a conceder la patente en cuestión. Sostuvo que la solicitud cumplía con los requisitos de actividad inventiva, claridad y suficiencia en la divulgación, de modo que el temperamento adoptado por dicho organismo debía ser revocado (fs., 220, punto II).

II. Después de 3 meses de iniciada la demanda, se presentó la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (en adelante “CILFA”) pretendiendo que se admitiera su intervención en los términos del artículo 90, inciso 1°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Básicamente, adujo que el procedimiento administrativo de concesión de las patentes de invención no puede equipararse a los procesos “clásicos”, estructurados casi exclusivamente entre los administrados interesados y la administración. Señaló que las patentes constituyen derechos de propiedad intelectual que permiten excluir a terceros de la realización de ciertos actos de explotación de la invención patentada, de modo que éstos no ocupan un rol pasivo frente al título otorgado. Así, explicó que las patentes inciden en los derechos subjetivos e intereses legítimos de terceros e impactan en las relaciones de competencia, motivo por el cual es necesario permitir con amplitud la intervención de terceros en los procedimientos administrativos y judiciales vinculados con la concesión de patentes. Remarcó su interés y el de sus asociados en sostener las razones del INPI contra la improcedente pretensión de la actora, quien persigue obtener una patente sobre invenciones menores relacionadas con el ácido macitentan, que de concederse, impactará sobre la industria farmacéutica porque impedirá que sin su consentimiento los competidores puedan producir y comercializar especialidades que lo contengan. Finalmente, defendió la aplicación de la Resolución Conjunta MI 118/2012, MS 546/12 e INPI 107/12 sobre Pautas de Patentabilidad (confr. fs. 220 y 649/665 vta.).

Tanto la actora como la demandada se opusieron a la intervención propiciada por CILFA (confr. 741/747 vta. y 771/783 vta.).

III. La señora jueza de la anterior instancia rechazó el planteamiento descripto, con costas. Para resolver de esta manera tuvo en cuenta que CILFA había invocado su interés en sostener la aplicabilidad y validez de la Resolución Conjunta MI 118/12, MS 546/12 e INPI 107/12 sobre Nuevas Pautas de Patentamiento, mas en autos las partes estaban de acuerdo en que dicha Resolución no era aplicable. Al ser esto así entendió que tenía especial relevancia la oposición exhibida por el propio demandado (INPI), a quien CILFA pretendía apoyar con su participación. Añadió que la Ley de Patentes otorgaba a los terceros facultades impugnatorias respecto de la solicitud a evaluar por el examinador, pero no era intención de la norma permitir que aquéllos pudieran luego integrar libremente el procedimiento judicial. En tal contexto, ponderando además que CILFA ni siquiera alegó haber ejercido las mencionadas facultades impugnatorias en sede administrativa (art. 28 de la Ley de Patentes), consideró que carecía de un interés legítimo en la causa como para habilitar su intervención en los términos del citado artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (fs. 785/786).

IV. Contra tal pronunciamiento CILFA dedujo apelación. Argumentó que la intervención de los terceros se encuentra admitida en la Ley de Patentes n° 24.481, en la de Procedimiento Administrativo n° 19.549 y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Enfatizó también que dicho instituto debía ser analizado con criterio amplio cuando –como sucede en el sub lite– en el conflicto converge el interés propio del interviniente con el del INPI. Por otra parte expuso que las patentes otorgan un derecho exclusivo que afecta la competencia y los derechos de incidencia colectiva como los que se refieren a la salud pública y el acceso de la población a los medicamentos; por ende, concluyó que debían flexibilizarse los criterios para evaluar la legitimación a fin de asegurar un debate justo sobre la compleja trama de intereses involucrados. Invocó asimismo la relevancia de la mencionada Resolución Conjunta sobre Pautas de Patentabilidad con prescindencia de la posición de las partes al respecto (confr. fs. 801/817 vta.).

Al contestar el recurso, la actora mantuvo el criterio adoptado en la anterior instancia en el sentido de que se rechace el pedido de CILFA (confr. fs. 819/831 vta.).

V. Los hechos y argumentaciones del recurrente y de las partes en la presente contienda son sustancialmente análogos a los planteados y resueltos por este Tribunal en la causa n° 4404/2015/2/CA1 “Incidente de apelación de F HOFFMANN LA ROCHE AG. INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. CÁMARA INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ARGENTINOS (CILFA). EN AUTOS “F HOFFMANN LA ROCHE AG c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE PATENTE”, resuelta el 24 de noviembre de 2016. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la queja interpuesta por CILFA contra el pronunciamiento antedicho mediante resolución del 2 de agosto de 2018; y que la Sala reiteró el criterio en los pronunciamiento dictados en las causas n° 4.230/2014/1/CA1 del 27 de diciembre de 2016 –cuya queja de CILFA fue declarada improcedente por el Alto Tribunal el 2/8/18–, 4.442/2015/CA1 del 8 de marzo de 2018, 4.240/2015/CA1 del 7 de junio de 2018, 9.108/2017/1/CA1 del 11 de diciembre de 2018 y 1.303/2018/1 del 4 de abril de 2019.

En consecuencia y sin que se adviertan en el caso diferencias que justifiquen apartarse de la solución allí adoptada corresponde, por razones de economía procesal, remitirse a los fundamentos expuestos en el precedente, y por ende, confirmar el pronunciamiento apelado. Una copia del protocolo informático integrará la presente resolución y será adjuntada al expediente.

Por ello, SE RESUELVE: desestimar la apelación de fs. 790 y confirmar la decisión que en copia luce a fs. 785/786, con costas (arts. 68, primera parte, y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Los jueces Eduardo Daniel Gottardi y Fernando A. Uriarte integran la Sala conforme a las resoluciones del Tribunal de Superintendencia de la Cámara n° 62 y 63 del 2020.